Como periodista independiente y veedor ciudadano, considero que la reciente elección del Secretario General del Concejo de Cali plantea serias interrogantes sobre la transparencia y legalidad en los procesos administrativos de nuestra ciudad. La posibilidad de que esta elección esté viciada y exponga a los concejales a sanciones disciplinarias no es un asunto que se deba tomar a la ligera; va más allá de un simple error administrativo y afecta profundamente la confianza de la ciudadanía en sus representantes.
La ley es clara: para llevar a cabo la elección del Secretario General, el concurso debe ser realizado por una universidad acreditada de alta calidad. Sin embargo, la decisión de la mesa directiva de elegir a la Unidad Central del Valle del Cauca (UCEVA), que no cuenta con la acreditación necesaria, así como la falta de transparencia en la publicación del contrato correspondiente, son señales de alarma que no podemos ignorar. Es fundamental que los procesos en nuestra administración pública se conduzcan con integridad y bajo los principios de responsabilidad y rendición de cuentas.
La figura del Secretario General no es trivial; es un cargo de gran relevancia que, además de manejar aspectos administrativos cruciales, actúa como un vínculo entre el Concejo y la ciudadanía. La elección de una persona que ocupa este puesto debe realizarse en un ambiente de total transparencia y legitimidad, donde las decisiones se basen en criterios claros y justos. Cuando esto no ocurre, se pone en entredicho la credibilidad de la institución misma y se socava la confianza de los ciudadanos en sus representantes.
En mi rol como veedor ciudadano, tengo la responsabilidad de cuestionar y denunciar estas irregularidades. No puedo permanecer en silencio mientras se toman decisiones que podrían tener consecuencias legales graves para nuestros concejales, así como repercusiones en la gobernanza de nuestra ciudad. La ciudadanía merece saber que sus concejales actúan de acuerdo con la ley y que sus decisiones no están manchadas por intereses oscuros.
Reflexionando sobre esta situación, es evidente que no solo se trata de un proceso administrativo fallido, sino de una oportunidad para que todos nosotros, como ciudadanos, exijamos un mayor compromiso con la transparencia y la ética en la política. Debemos recordar que el poder de cambiar esta realidad radica en nuestra capacidad para mantener a nuestros representantes en un estándar elevado y exigirles que rindan cuentas.
Hago un llamado a la comunidad y a los medios de comunicación para que mantengan la vigilancia sobre este proceso y se aseguren de que los principios democráticos sean respetados. Es nuestro deber colectivo proteger la integridad de nuestras instituciones y garantizar que funcionen para el bienestar de todos los caleños. Solo así podremos construir un futuro donde la confianza en la política y en nuestros líderes sea restaurada, en beneficio de una sociedad más justa y equitativa.