En el mundo de la chatarra, lo que parece un negocio ordinario resulta, en realidad, bastante lucrativo, especialmente cuando involucra contratos del sector público. A partir de la revisión de contratos publicados en el SECOP, se han identificado presuntas irregularidades en el proceso de chatarrización y desintegración de vehículos abandonados en los patios oficiales de la Secretaría de Movilidad de Cali, un tema que ya había sido objeto de alerta en administraciones anteriores.
El 14 de junio, la Secretaría de Movilidad de Santiago de Cali, mediante la Resolución N°4152.010.21.0.0850 de 2024, ordenó el inicio de un Proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía para la “desintegración, desnaturalización y/o chatarrización” de vehículos en estado de abandono. Este contrato, valorado en $841,432,500, fue adjudicado a una empresa que ha generado inquietudes sobre la transparencia del proceso.
Proceso de Cotización y Selección
Como parte de los estudios previos, la Secretaría solicitó cotizaciones de diversas empresas autorizadas para este tipo de labores, obteniendo los siguientes precios:
- Unión Temporal SCT MERL SAS: $900 por kilogramo
- Empresa Colombiana de Aseo Ltda: $349 por kilogramo
Aunque la oferta de la Unión Temporal SCT MERL SAS implicaba un pago de $900 por kilogramo, la adjudicación se hizo a Empresa Colombiana de Aseo Ltda, cuyo precio era significativamente menor, $349 por kilogramo. Este hecho llamó la atención, dado que Empresa Colombiana de Aseo Ltda ya había sido señalada en informes previos, incluyendo uno de la Personería de Cali, por presuntas irregularidades en contratos similares con la administración pasada.
Requisitos del Contrato y Presunta Orientación a un Solo Proponente
El pliego de condiciones establece que la empresa contratista debe haber gestionado al menos 8,000 vehículos en los últimos tres años y, adicionalmente, haber suscrito contratos con no más de tres municipios. Estas condiciones parecen haber limitado las posibilidades de competencia y suscitado dudas sobre su redacción, que, según se indica, benefició a Empresa Colombiana de Aseo Ltda.
Comparación con la Administración Anterior y Otras Inquietudes
Cabe señalar que en la administración anterior se pagaba $85 por kilogramo, mientras que el nuevo contrato establece un precio de $450 por kilogramo. Sin embargo, el factor que destaca es la aparente “coincidencia” de que la empresa ganadora cumpliera de manera exacta con los requisitos solicitados, como los 8,100 vehículos desintegrados que posee en su historial y los tres contratos previos con alcaldías.
Denuncia e Investigación
Este hecho ha llevado a la presentación de una queja formal ante la Procuraduría General de la Nación y la Personería de Cali, en la que se solicita investigar al Secretario de Movilidad, Wilmer Tavares, por posible celebración indebida de contratos. Las dudas son cada vez más fuertes, en especial al considerar que esta administración prometió acabar con prácticas de continuismo y rechazar las prácticas anteriores, ahora cuestionadas por los mismos presuntos actos de corrupción que se critican.