El pasado 11 de septiembre, la mesa directiva del Concejo de Cali dio inicio al proceso de elección para el cargo de Secretario General, un rol fundamental en la administración de la corporación, conocido también como el “concejal 22”. Este puesto, actualmente ocupado por Herbert Lobatón Currea desde hace varios períodos, es de alta responsabilidad y ostenta una remuneración que alcanza casi 18 millones de pesos mensuales, superando incluso el salario de un concejal.
Sin embargo, esta elección ha generado polémica. Existen serios cuestionamientos sobre la legalidad del proceso y las posibles implicaciones disciplinarias para los concejales que voten en él. Según un concepto del Consejo de Estado emitido en diciembre de 2018, la elección del Secretario General debe llevarse a cabo a través de un concurso organizado por una universidad acreditada de alta calidad, conforme a lo establecido en la ley 1904.
En este caso, la mesa directiva del Concejo, liderada por el concejal Carlos Andrés Arias, firmó una resolución en la que se designa a la Unidad Central del Valle del Cauca (UCEVA) como la entidad encargada de realizar el concurso. No obstante, al verificar en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES), se observa que esta institución no cuenta con la acreditación de alta calidad necesaria para llevar a cabo dicho proceso, a pesar de que en el documento del Concejo de Cali se afirma lo contrario.
A esta controversia se suma el hecho de que el contrato con UCEVA aún no se ha publicado en el SECOP, incumpliendo así con la obligación de transparencia en los contratos públicos. Además, tras varios días de incertidumbre, el logotipo en el sitio web de la universidad, que proclamaba “en proceso de acreditación de alta calidad”, ha desaparecido, lo cual ha levantado aún más sospechas sobre la transparencia de esta elección.
Con este escenario, la mesa directiva y los concejales que apoyen la elección podrían estar expuestos a investigaciones por prevaricato y posible detrimento patrimonial. Además, como parte de esta denuncia, se ha anunciado que se tomará acción legal para impugnar la elección, argumentando que el proceso presenta irregularidades que contravienen la ley.