La transparencia y la integridad son pilares fundamentales en la administración pública, especialmente en procesos de selección de cargos de alta responsabilidad. Es por esto que los recientes cuestionamientos alrededor del concurso para la elección del Secretario General del Concejo de Cali generan serias preocupaciones, ya que podrían evidenciar irregularidades en la actuación de la mesa directiva de esta corporación.
La Resolución No. 200.2.2.324, expedida el 1 de septiembre de 2024, abrió el proceso de selección para el cargo de Secretario General del Concejo y designó a la Unidad Central del Valle del Cauca (UCEVA) como la entidad encargada de realizar el examen a los aspirantes. En dicho documento, se asegura que la UCEVA posee acreditación de alta calidad, un requisito indispensable establecido por la Ley 1904 de 2018 y respaldado en concepto por el Consejo de Estado.
Sin embargo, investigaciones posteriores –como la consulta al Sistema Nacional de Información de Educación Superior (SNIES) y un derecho de petición al Ministerio de Educación– revelaron que la UCEVA no posee acreditación institucional de alta calidad. Si bien la universidad cuenta con acreditación de alta calidad para dos programas específicos, tales como la Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deporte y la Licenciatura en Lenguas Extranjeras con Énfasis en Inglés, ninguno de estos programas tiene competencias que se alineen con la evaluación para un cargo de Secretario General en un organismo público.
Esta situación plantea preguntas fundamentales. Algunos expertos sostienen que, al existir vacíos en la normativa, la interpretación jurídica debe ajustarse a los principios y espíritu de la ley. En este caso, la mención de “institución superior con acreditación de alta calidad” debería referirse a una acreditación institucional completa, que garantice transparencia, mérito y equidad en el proceso de selección. Además, es llamativo que el Concejo de Cali haya optado por una universidad de un municipio pequeño, cuando en la misma ciudad existen instituciones acreditadas y de amplio reconocimiento.
Por otro lado, surge una inquietud aún más crítica: dos de los candidatos que ocuparon el segundo y tercer lugar obtuvieron el mismo puntaje exacto, incluyendo los decimales, en el examen de selección. Es difícil imaginar que dos aspirantes respondan de manera idéntica sin conocer el contenido del examen. Esto genera legítimas sospechas sobre la transparencia y precisión del proceso.
Frente a estos hechos, he presentado una denuncia formal ante los entes de control contra los concejales Carlos Arias, Marlon Cubillos y Carlos Patino, miembros de la mesa directiva del Concejo. Igualmente, he anunciado una demanda de nulidad de esta convocatoria que, a todas luces, parece estar plagada de irregularidades.
Cabe señalar que el principal candidato para continuar en el cargo es Herbert Lobatón Currea, abogado con especialización en Derecho Administrativo, quien ha ejercido las funciones de Secretario General por más de diez años, con un salario que supera incluso al de un concejal, promediando 17 millones de pesos mensuales. Es un cargo de enorme relevancia, al fungir prácticamente como el notario de la corporación, y la selección de su titular no debe dejar espacio a dudas ni irregularidades.
Este proceso, por su naturaleza y la importancia de la posición, debe estar fundamentado en los principios de transparencia y compromiso con los valores democráticos. Los ciudadanos de Cali merecen que sus instituciones se conduzcan con honestidad y claridad, no solo en el discurso, sino en cada uno de sus actos y decisiones. La credibilidad del Concejo está en juego, y los ciudadanos debemos exigir que los procesos de selección en las entidades públicas se realicen en cumplimiento de la normativa vigente y con un compromiso inquebrantable hacia la confianza ciudadana.
Fotos: Concejo de Cali
Para conocer más detalles sobre esta denuncia pública, puede consultar el siguiente enlace: Denuncia en X.
Camilo Chará